Premios MAD+ al Emprendimiento Social

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado la convocatoria de los Premios MAD+ 2018. El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el 6 julio al 20 de agosto de 2018.

El objetivo principal de estos premios es contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos, innovadores y generadores de impacto social y/o medioambiental para promover e impulsar el emprendimiento social, así como la generación de empleo e incremento de la actividad económica del país, contribuyendo al fomento de esta nueva modalidad de emprendimiento.

Puedes consultar la información relativa a cómo realizar el trámite y presentar la solicitud en el siguiente enlace: Premios MAD+ 2018

Requisitos de las personas participantes:

  1. Haber iniciado su actividad empresarial a partir del 1 de enero de 2013. Se admitirán las solicitudes de aquellas empresas creadas con anterioridad a esta fecha, siempre que al premio se presenten con una nueva línea de negocio iniciada después del 1 de enero de 2013 y puedan acreditarlo. Las empresas solicitantes deberán ser pymes según la definición establecida en la Recomendación de la Comisión Europea del 6 de mayo de 2003, no estarán participadas en su capital por otra mercantil que no esté considerada pyme en más de un 25%, sea cual sea su régimen jurídico, en el momento de la solicitud, y con algunas de las siguientes formas jurídicas:
    • Personas físicas: empresario individual o autónomo, emprendedor de responsabilidad limitada, comunidades de bienes y sociedades civiles.
    • Personas jurídicas: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, sociedad limitada laboral, cooperativas y asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
  2. Disponer de un proyecto empresarial que:
    • Sea original, creativo, disruptivo e innovador, con o sin base tecnológica, orientado a cubrir necesidades sociales en diferentes ámbitos medioambiente, salud y bienestar, gastronomía, educación, comercio, moda, finanzas, comercio electrónico, turismo, industria, infraestructuras, logística, energía, etc.) o focalizado en el desarrollo de capacidades y en la mejora de la empleabilidad, siempre y cuando demuestre la capacidad de generar un cambio de la sociedad, la mejora de las condiciones sociales de los colectivos beneficiarios y promueva su reconocimiento ante la sociedad.
    • Cuente con un prototipo de producto o servicio probado y testado, con resultados ya medidos o medibles.
    • Cuente con un modelo de negocio escalable y susceptible de captar el interés de los inversores de impacto social.
    • Cuente con metodología orientada a la medición del impacto social y aporte resultados cuantificados que orienten sobre el grado de mitigación o resolución del problema o necesidad que se pretende resolver.
    • Tenga un equipo promotor y de dirección orientado a incrementar la conciencia social y compromiso entre los empleados, clientes, inversores, etc. a atraer e involucrar a otros agentes (tejido asociativo, instituciones, administraciones públicas) y a impulsar el trabajo colaborativo en red.

Dotación del premio: de entre los 10 proyectos finalistas, el jurado elegirá los dos proyectos ganadores.

  • Primer premio: 20.000 euros en metálico
  • Segundo premio: 4.000 euros en metálico

Además el Ayuntamiento ayudará a dar visibilidad a los 10 proyectos finalistas a través de la realización de un evento público en el que las personas emprendedoras podrán presentar su proyecto a la ciudadanía y al ecosistema emprendedor social.

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En vigor la Ley de desahucio exprés

El pasado 12 de junio de 2018, se publicó en el BOE, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta norma, conocida como la ley de desahucio exprés, fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso en el mes de abril, cuya entrada en vigor, se produjo pasado 2 de julio.

Su principal objetivo es acelerar el desalojo de los grupos organizados que “okupan” viviendas de forma ilegal.

Fuentes del sector inmobiliario, calculan que en España hay entre 85.000 y 90.000 viviendas “okupadas”. Sólo en Barcelona y Madrid se estiman que esta situación arroja unos costes de 21 millones de euros anuales.

Actualmente la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos legítimos de posesión de viviendas no es sencilla en la vía civil, como tampoco encuentra protección suficiente la función social que han de cumplir las viviendas que tienen en su haber las entidades sociales o instrumentales de las Administraciones públicas, para ser gestionadas en beneficio de personas y familias vulnerables, puesto que un porcentaje demasiado elevado del referido parque de viviendas se encuentra ocupado de forma ilegal, especialmente en los núcleos urbanos.

Además, ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, en muchos casos también con una difícil situación económica, personal o familiar.

Daños sociales

Están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones públicas, que están dedicadas a fines sociales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad, pero que su ocupación ilegal impide que puedan ser adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondería según la normativa reguladora en materia de política social. Indisponibles, por tanto, para el fin para el que están destinadas, suponiendo ello un grave perjuicio social.

La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos, eso sí, deben promover las condiciones necesarias y establecer.

Medidas adoptadas

    • En el nuevo apartado 1 bis del artículo 441, en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, se regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento.
    • Asimismo, se generaliza la regulación de esta comunicación incorporando un nuevo apartado 4 al artículo 150, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.
    • Se modifica el numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, de forma que, las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
    • Se añade un nuevo apartado 3 bis al artículo 437, regulando frente a quien se pude interponer la demanda, así, Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer.
    • Finalmente, en cuanto a la resolución de la demanda, se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 444, con la siguiente redacción: “Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4. º del apartado 1 del artículo 250, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548.

Esta reforma se tornaba necesaria para dar una respuesta eficaz y más eficiente a la problemática de la “okupación” organizada o no, pues se acortan los plazos para hacer efectiva la recuperación de la vivienda, y se evitando tener que recurrir a la vía penal, que de facto era la otra alternativa en estos casos.

Conviene recalcar, que el objetivo de la ley es agilizar el desahucio a través de la vía civil, si bien no está disponible para cualquier propietario, pues únicamente podrán beneficiarse de esta solución de desahucio exprés los particulares, las entidades sin ánimo de lucro y las Administraciones Públicas que sean dueñas logísticas de los inmuebles okupados.

Quedan por tanto, fuera de la normativa, tanto las entidades financieras, como otros grandes tenedores de viviendas: fondos de inversión, socimis, sareb, etc.

En resumen:

Los propietarios particulares, podrán dirigir las demandas presentadas contra los ocupantes del inmueble, y en caso de desconocer su identificación, sin perjuicio de que las mismas puedan entregarse a quien se encuentre en la vivienda okupada al tiempo en que se practiquen las notificaciones.

El plazo dependerá de si el demandante ha solicitado la inmediata entrega de la posesión, pues en este caso, el Juzgado dictará decreto requiriendo a los okupas para que en el plazo de 5 días aporten el título que justifique su posesión, y de no hacerlo dictará auto ordenando la inmediata entrega contra el que no cabrá recurso alguno. La sentencia podrá ejecutarse sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días de espera previsto para la ejecución de resoluciones de condena.

En el caso de que los “okupantes” se opusiesen la demanda, la misma únicamente podrá fundarse en la existencia del título de posesión por parte del ocupante para poseer o en la falta de título por parte del demandante.

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Novedades y subidas de las cotizaciones de los autónomos y del salario mínimo

A continuación te informamos de las novedades  que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, publicada en el BOE del día 4 de julio, introduce y entendemos que pueden ser de tu interés o del interés de tu entorno.

Pasamos a detallar las novedades más significativas:

1.- Cuota autónomos. El incremento pactado este año es del 1,4%, lo que supone un incremento en la cuota mensual de autónomos de 3,87 €, pasando a ser de 275 € a 278, 87 €, incremento que se reflejara en la cuota correspondiente al mes de agosto de 2018.

    • La base mínima queda fijada en 932,7 €
    • La base máxima queda fijada en 3.803,7 €

La base para los autónomos societarios de 1199,10 con cuota de pago de 358,53 euros por el momento no vuelve a sufrir variación.

2.- Ampliación permiso de paternidad. A partir de hoy, día 5 de julio de 2018, quienes sean padres tendrán derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de cinco semanas percibiendo además el mismo subsidio fijado para las madres (100% de su base reguladora)

3.- Tarifa plana autónomos.

- Desde el 01/08/2018, se incentiva el empleo autónomo en municipios con menos de 5.000 habitantes. (DF 23º, PGE 2018 y art. 31, LETA)

Con efectos de 1 de agosto de 2018, en los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. -En estos casos no serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los 12 meses posteriores al periodo inicial contempladas de forma general-.

Para beneficiarse de estas reducciones durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá:

  1. Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor en el momento del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo.
  2. Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000 habitantes.
  3. Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el antedicho municipio en los dos años siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.

     * Este incentivo se aplica, según las condiciones definidas en la nueva redacción del art. 32, LETA (con efectos de 01/08/2018) para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.

I.- Cuota reducida (Tarifa de 50 euros para nuevas altas en el RETA) a la Seguridad Social para autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia (a partir de 01/08/2018)

II.- Cuota reducida para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia (a partir de 01/08/2018)

III.- Cuota reducida para la reincorporación al trabajo tras la maternidad de la autónoma (art. 38 bis, LETA) (desde 26/10/2017)

Resumen

 

Ayudas a la Instalación de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos

Actualmente existen las conocidas ayudas del PLAN MOVALT, destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos.

Además existen otras ayudas para la instalación de los puntos de recarga, en este caso, mediante el PLAN MOVALT INFRAESTRUCTURAS.

¿Dónde encontrar las bases?

Estas aparecen reflejadas en la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que se establece la Convocatoria del Programa de Ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT Infraestructuras ) publicada en el BOE el 16 de enero de 2018. Pincha aquí para acceder.¿A quien van destinadas?

Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este programa:

  1. Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de1. presentar la solicitud, y otros tipos de personas jurídicas tal que su Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
  2. Las Entidades Locales y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas.
  3. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas. vinculadas o dependientes de ellas. Otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del. Estado.

¿Cuál l es el importe de las ayudas?

El presupuesto para la financiación de la convocatoria del programa de ayudas para la implantación de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (PLAN MOVALT Infraestructura) asciende a la cantidad total de 15.000.000 euros, para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas incluido la constitución de infraestructuras energéticas adecuadas”.

Plazo de presentación de solicitudes
Desde la activación del sistema telemático de gestión de ayudas a través de la página web del mismo, alojada en la sede electrónica de IDAE hasta la finalización de la vigencia de la convocatoria de ayudas que será el 31 de diciembre de 2018